Organizaciones sociales, instituciones y personas vinculadas al río Paraná y la protección de sus humedales, presentaron una nota a autoridades nacionales, provinciales y locales por las quemas intencionales en el Delta del Paraná. Se pide la reactivación e institucionalización del Plan Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP) y la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales.

“Los incendios en el Delta del Paraná, con dimensiones de gran magnitud en jurisdicción entrerriana, dejan en evidencia la ausencia de un control de actividades antrópicas por parte de las autoridades competentes, la irresponsabilidad de quienes recurren al fuego para el desarrollo actividades y la débil institucionalidad ambiental para la gestión sostenible de la región. En un contexto de bajante extraordinaria del río Paraná, esta grave situación eleva hasta límites alarmantes la presión sobre los ecosistemas de humedales y pone en riesgo la salud y la vida de las poblaciones del Delta y de las ciudades ribereñas”, indicaron en un comunicado.

Situación actual

Desde comienzos de este año se registran incendios en el Delta, que alcanzan gran magnitud en jurisdicción entrerriana, y en menor medida en la santafesina y bonaerense. Los incendios son provocados por quemas, y se producen en condiciones ambientales de gran sequía, debido a la bajante histórica del río Paraná y las escasas lluvias en la región.

Ante esta situación, los ambientalistas plantearon que “las consecuencias de los incendios generan riesgos e impactos directos e indirectos en la población de las islas y de las ciudades ribereñas, y en los ecosistemas del Delta. En reiteradas oportunidades el humo y las cenizas de los incendios invadieron casi por completo el aire de las ciudades, ocasionando problemas respiratorios y disminución de la visibilidad. En las islas, a esta situación que igualmente padecen sus habitantes, se sumó la pérdida de viviendas debido al avance descontrolado del fuego. En el contexto de la pandemia de la Covid-19, estas consecuencias intensifican la vulnerabilidad de la población”.

En los humedales, dijeron, los incendios acarrean efectos inmediatos en la mortandad de fauna silvestre, así como en la vegetación herbácea y en los bosques. Al remover la cobertura vegetal el fuego modifica funciones claves de estos ecosistemas, tales como la provisión de alimentos y de refugio para los animales, y la resistencia a la erosión durante las crecientes, entre otras; también aumenta la emisión de CO2 intensificando los efectos del cambio climático. A estas consecuencias directas en las áreas quemadas, se suman, otras indirectas, sobre la floración y germinación de especies vegetales nativas y el ingreso potencial de especies exóticas, con efectos negativos en la vegetación autóctona y en la apicultura.

Una historia que se repite

En un repaso de la situación, recordaron que “durante la primera década de 2000, en pleno auge de la expansión ganadera que llevó a un salto en la escala productiva de esta actividad en el Delta, ocurrieron grandes incendios en la región. En el otoño de 2004, en un contexto de bajante del Paraná y escasas precipitaciones, se incendiaron unas 25 mil hectáreas de islas del municipio de Victoria. En los años siguientes los incendios se repitieron hasta llegar a su clímax en 2008, también en un período de sequía, que afectaron alrededor del 17% de la superficie total del Delta. La magnitud y extensión del área incendiada fue tal que el humo y las cenizas afectaron a pobladores isleños, vías de comunicación inter-isleñas, ciudades ribereñas, y a autopistas, aeropuertos, localidades costeras del Uruguay y la ciudad de Buenos Aires”.

Agregaron también que “los incendios revelaron la total ausencia de una regulación ambiental que se correspondiese con el inédito desarrollo ganadero en el Delta. Frente a esta debilidad institucional, el Gobierno Nacional y los tres Gobiernos provinciales con jurisdicción en el Delta firmaron un acta acuerdo que dio origen al Plan Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP). El Plan fue concebido como una herramienta de ordenamiento ambiental del territorio. Uno de sus objetivos fue ‘encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática de los incendios que recurrentemente afectan diferentes zonas del Delta del Paraná, en tanto se desarrollan sobre un humedal caracterizado por su fragilidad’. Entre 2010 y 2014 se llevaron a cabo acciones fundamentales para avanzar en la concreción del Piecas-DP. El Plan, publicado en 2014, plantea lineamientos, recomendaciones y acciones para el ordenamiento y la gestión del Delta. En relación a las actividades productivas recomienda a las provincias avanzar en el ordenamiento ambiental del territorio, mediante acciones que regulen su desarrollo en niveles compatibles con el mantenimiento de las funciones ecosistémicas de los humedales; y en paralelo, a fin de mantener las características del territorio como humedal, fortalecer los sistemas de gestión y control ambiental para evitar daños que afecten el funcionamiento de los humedales (Piecas, 2014: 41-42). En 2015 y 2016 la provincia de Entre Ríos avanzó en la generación de un instrumento de gestión destinado a asegurar un desarrollo productivo sostenible de los humedales, con inclusión social y manteniendo los bienes y funciones ecosistémicas, conocido como Plan Delta Sustentable. En los años siguientes, ni el Piecas -DP ni el Plan Delta Sustentable tuvieron avances en su implementación”.

A nivel legislativo, tanto, se consideró que tampoco prosperaron los sucesivos proyectos de creación del Comité encargado de implementar el Piecas, como tampoco los de presupuestos mínimos de protección de humedales.

En los últimos años se repitieron eventos de incendios en las islas hasta llegar a los actuales que, como los de 2004 y 2008, alcanzaron gran magnitud, ahora el contexto de una bajante extraordinaria del Paraná que se extiende desde 2019.

Advertencias y pedidos reiterados

Ante este panorama y los antecedentes de 2008, en los meses de febrero y marzo de este año, distintas organizaciones socioambientales solicitamos en varias oportunidades a las autoridades provinciales y la nacional, una urgente intervención para contener la propagación de los incendios. Asimismo, insistimos en la reactivación del Piecas para planificar e implementar acciones de prevención y control de quemas e incendios, así como avanzar en el postergado ordenamiento ambiental del Delta. De todas estas medidas solicitadas, la acción desplegada por los Gobiernos consistió fundamentalmente en apagar los numerosos incendios, con el costo económico que supone para el Estado Nacional y los riesgos en la salud y la vida de los brigadistas.

“Este nuevo episodio de grandes incendios en el Delta deja en evidencia la ausencia de una oportuna aplicación gubernamental del principio de prevención para evitar situaciones semejantes a las vividas anteriormente; también hace evidente la necesidad urgente de dar soluciones viables y efectivas a esta problemática recurrente con el objetivo de evitar daños irreversibles”, entendieron.

Y ahora ¿qué hacer?

El 13 de junio el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) resolvió declarar la emergencia ambiental y zona crítica de protección ambiental a las jurisdicciones de Santa Fe y Entre Ríos en el Delta, y dispuso entre otras medidas, la prohibición de las quemas por 180 días y dotar al Piecas -DP del presupuesto necesario para llevar adelante sus acciones.

Días después, el ministro anunció que acordó con los gobernadores “evaluar la propuesta de crear un área protegida en la zona de las islas del Delta, donde convivan las tareas productivas con parques nacionales”, siendo una posible figura la de reserva nacional (Noticias, Secretaría de Ambiente de Entre Ríos).

“Estas decisiones y anuncios  recientes –continuó la proclama–abren un camino a recorrer en la senda ya trazada por Piecas. A este fin cabe recordar algunos de los hitos más importantes de ese camino: Piecas es una instancia interjurisdiccional y multisectorial. La elaboración del Plan estuvo trazada por procesos participativos, y ese espíritu se plasmó en sus contenidos. La participación popular y ciudadana está presente desde los lineamientos hasta las acciones a implementar. En ese marco es donde se deben tratar propuestas como la anunciada por el ministro, de creación de nuevas áreas protegidas en un territorio de gran complejidad ambiental, socio-económica y cultural como el Delta”.

Volviendo sobre el Piecas, apuntaron que “contiene una visión integral de los factores y procesos estratégicos que engloban riesgos para el Delta en su conjunto; uno de esos factores son los incendios. Si bien estos eventos se produjeron con mayor intensidad en las islas del municipio de Victoria, ocurrieron en toda la región. Los incendios son una problemática que debe atenderse mediante una gestión coordinada entre jurisdicciones y los distintos sectores involucrados a escala regional, antes que sólo con una respuesta puntual y espacialmente localizada. El Plan cuenta con propuestas y acciones en ese sentido. Para plasmar las acciones, Piecas debe ser institucionalizado. Nos encontramos ante una oportunidad para retomar los proyectos legislativos en el Congreso nacional de creación del Comité del Plan, que establecen sus objetivos, composición y financiamiento. La institucionalización de Piecas permitirá asignar personal y presupuesto en las cuatro jurisdicciones a fin de implementar las propuestas y acciones ya establecidas en el Plan. Esa misma oportunidad se plantea para la Legislatura de la provincia de Entre Ríos en relación al Plan Delta Sustentable”, afirmaron.

“Recuperar las experiencias de trabajo y los acuerdos entre las distintas jurisdicciones y diversos sectores de la sociedad civil, concretadas en los planes ya existentes, permitirá avanzar hacia un ordenamiento ambiental del Delta. Con ese punto de partida y la decisión de los Gobiernos nacional y los provinciales de fortalecer la débil institucionalidad ambiental actual, será posible alcanzar soluciones factibles a la problemática. Decisiones que deberían ser acompañadas de la postergada sanción de la ley de presupuestos mínimos de humedales, que aporte un piso mínimo de protección para todos estos ecosistemas, con principios y herramientas de gestión ambiental específicas. Si los gobiernos y los legisladores no son capaces de demostrar real voluntad política de querer hacerlo, la historia lamentablemente se seguirá repitiendo y otra vez habrá que apagar incendios”.

AIM – https://www.aimdigital.com.ar/ong-ambientalistas-exigen-la-puesta-en-marcha-de-los-planes-de-proteccion-para-el-delta/